Fiscalía imputa a exdirectivo de epm y contratista en la Alcaldía de Fico por Hidroituango
La Fiscalía General de la Nación reveló este martes los cargos formales contra tres implicados en el escándalo de Hidroituango, uno de los proyectos hidroeléctricos más polémicos de Colombia. Los investigados —un exdirectivo de EPM, un contratista y un interventor— habrían alterado ilegalmente el cauce del río Cauca, poniendo en riesgo a comunidades enteras y causando un grave daño ambiental y económico.
Según el ente acusador, los responsables son:
Jorge Ignacio Castaño Giraldo, exdirectivo de EPM
Santiago García Cadavid, contratista del proyecto
Álvaro Aravi Castro Vásquez, interventor
A ellos se les imputan los delitos de:
✅ Daño en los recursos naturales (por modificar ilegalmente la dinámica del río Cauca)
✅ Peculado por apropiación (por el presunto detrimento de recursos públicos)
La Fiscalía aseguró en un comunicado que "las obras realizadas modificaron la dinámica natural de la corriente, por fuera del licenciamiento ambiental, poniendo en peligro a las comunidades ribereñas y ocasionando pérdidas millonarias".
El caso se remonta a las obras del sistema de desviación de túneles, las cuales, según la investigación, se ejecutaron sin cumplir con los estándares técnicos y ambientales aprobados. Esto habría generado:
⚠️ Alteración irreversible del caudal del río Cauca
⚠️ Riesgo inminente para poblaciones aledañas
⚠️ Sobrecostos millonarios que afectaron las finanzas de EPM
Expertos ambientales consultados por este medio coinciden en que las modificaciones no autorizadas al cauce del río agravaron las emergencias posteriores, incluyendo inundaciones y desplazamientos forzados de comunidades.
Mientras la Fiscalía celebra este avance en la investigación, sectores políticos y víctimas del proyecto exigen medidas más contundentes:
Organizaciones ambientales piden que se evalúe la responsabilidad de más funcionarios.
Habitantes de la zona reclaman reparación por los daños causados.
Analistas económicos cuestionan cómo se permitió que el proyecto llegara a este punto sin controles efectivos.
Por su parte, los abogados de los imputados aseguran que sus clientes actuaron bajo los protocolos de EPM y que no hubo intención de causar perjuicio.
El caso pasará ahora a etapa de juicio, donde se definirán las condenas, que podrían incluir penas de prisión y multas millonarias. Mientras tanto, Hidroituango sigue operando bajo la sombra de este escándalo, que ya ha costado al país billones en sobrecostos y reparaciones.